El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que a partir de 2026 entrarán en vigor nuevas limitaciones a los pisos turísticos, con el objetivo de frenar el aumento de viviendas destinadas al alquiler breve en determinados barrios del centro y zonas con alta presión residencial. La medida, que forma parte de una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, busca equilibrar la oferta turística con la necesidad de vivienda estable para los residentes madrileños.
Nuevas zonas restringidas para viviendas de alquiler breve
La nueva normativa establecerá zonas de uso residencial en las que quedará restringida la concesión de licencias para viviendas turísticas. Entre los distritos afectados se encuentran Centro, Chamberí, Salamanca y Tetuán, donde se concentra buena parte de los anuncios de alquiler por días en plataformas digitales. El Ayuntamiento prevé que estas limitaciones se apliquen de forma progresiva, con un sistema de inspecciones y sanciones adaptado a cada área.
Según fuentes municipales, la revisión normativa responde al incremento constante de pisos turísticos en los últimos años, un fenómeno que ha elevado los precios del alquiler tradicional y reducido el número de viviendas disponibles para uso permanente. La intención es que los propietarios que deseen mantener su actividad turística lo hagan dentro de los marcos legales y cumpliendo con los criterios de habitabilidad y seguridad exigidos para este tipo de alojamientos.
Entre las principales novedades, se prevé la creación de un registro local de viviendas turísticas, vinculado con la Agencia de Actividades, y la obligación de acreditar el cumplimiento de la normativa urbanística antes de poder anunciar el inmueble en plataformas digitales. Esta medida pretende reforzar el control sobre la oferta y garantizar que solo los alojamientos autorizados puedan operar legalmente en la ciudad a partir de 2026.
Impacto previsto en vecinos y propietarios madrileños
La decisión del Ayuntamiento ha generado un amplio debate entre los vecinos y los propietarios. En zonas como Malasaña o Lavapiés, asociaciones vecinales celebran la medida, argumentando que el crecimiento de los pisos turísticos ha alterado la convivencia y desplazado a muchos residentes por el aumento de los alquileres. Reclaman además que el Consistorio destine recursos a la inspección efectiva y que se garantice el cumplimiento de la normativa para evitar fraudes.
Por su parte, asociaciones de propietarios y gestores de viviendas de uso turístico expresan su preocupación por el posible impacto económico de la medida. Consideran que una regulación excesiva puede afectar al empleo vinculado al sector turístico y reducir los ingresos complementarios de muchas familias que poseen un único inmueble en alquiler. Proponen un modelo de licencias limitadas y revisables según el comportamiento del mercado y las condiciones de cada barrio.
Expertos en urbanismo señalan que el reto principal será lograr un equilibrio entre el derecho a la vivienda y la actividad turística que caracteriza a Madrid como una de las capitales europeas más visitadas. Apuntan a que otras ciudades, como Barcelona o Lisboa, han implantado restricciones similares con resultados desiguales, y subrayan la importancia de la coordinación entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y las plataformas digitales para asegurar una aplicación efectiva y transparente de las nuevas normas.
La limitación de los pisos turísticos en Madrid marca un nuevo capítulo en la gestión del espacio urbano y en la búsqueda de soluciones a la escasez de vivienda asequible. Con la entrada en vigor prevista para 2026, el Ayuntamiento afrontará el reto de equilibrar los intereses del sector turístico con las necesidades de los residentes, un debate que seguirá presente en la agenda local en los próximos años.